Regulación de la implementación del “Impuesto Solidario COVID-19".
Se esclarecen las implicaciones del artículo 1° del Decreto Legislativo 568 de 2020, que instaura un impuesto a los servidores públicos y a las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales que devenguen $10’000.000 COP o más, respecto de aquellas personas vinculadas con la Superintendencias de Notariado y Registro; también se esclarece y clasifica el procedimiento de aplicación del aporte mensual solidario voluntario para estas personas, que aplica en consideración a la capacidad económica de los aportantes.
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